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La Delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) firmó convenio de concertación con 5 asociaciones civiles para que a través de talleres, cursos y foros, se difunda la importancia de la proteger los derechos humanos y la erradicación de la discriminación.

“Contribuir a la construcción de un México Incluyente, requiere el fortalecimiento de la población indígena para el ejercicio de sus derechos de acceso a la justicia, culturales, de comunicación, de género y de salud”, indicó el delegad de la CDI, Joaquín Álvarez Arana, al formalizar la estrategia.

Ante representantes de las agrupaciones Grupo Microregional A.C., Instituto para el Desarrollo Sustentable de Mesoamérica A.C., Promotores Mayas Unidos de Calkiní A.C., Universidad del Tercer Milenio y Diálogo y Movimiento A.C., Álvarez Arana indicó que accedieron a una bolsa de 980 mil pesos para el desarrollo de las actividades.

“En la CDI realizamos una revisión a fondo del diseño e instrumentación de los programas enfocados a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, incluyendo los derechos civiles y la erradicación de la discriminación como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo”, añadió el delegado. 

Destacó que para lograr un mejor alcance, es fundamental trabajar en equipo con las asociaciones civiles, tan solo en este año y gracias a este convenio, se llegará a 7 mil personas de 10 municipios del estado, que a través de charlas conocerán sus derechos y obligaciones, además de saber dónde acudir en caso de que se vean violentados.

A la Universidad del Tercer Milenio le fue otorgado 190 mil pesos para la puesta en marcha de su proyecto “Unidos conocemos nuestros derechos”, que implementará en Champotón de marzo a mayo.

Al Instituto para el Desarrollo Sustentable de Mesoamérica, 230 mil pesos para el “Taller de capacitación sobre el Protocolo de Nagoya”, que llevará a cabo en Calakmul de marzo a agosto, a beneficio de unas mil personas en cada sesión. 

Por su parte, “Diálogo y Movimiento” recibirá 220 mil pesos para la defensoría y representación legal en asuntos que involucren violación de los Derechos Humanos de la población indígena en cárceles del Estado. 

El “Grupo Microregional Maya A.C.”, 250 mil pesos para talleres que destaquen la importancia de rescatar la biodiversidad y los recursos naturales; mientras que “Promotores Mayas Unidos de Calkiní”, 90 mil pesos para la representación de indígenas del camino Real que hayan sufrido de violación a sus derechos.