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“Desde su instalación la 62 Legislatura se propuso hacer las cosas de manera diferente, cambiar la percepción que la gente tiene de sus representantes populares, y poco a poco lo hemos logrado, consolidándonos como un Congreso de resultados, como la creación de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche”.

Expresó lo anterior el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso local, subrayando que de esta manera se dio también cumplimiento a uno de los principales puntos establecidos en la Agenda Conjunta por todas las fuerzas políticas, e independientes, con presencia en la 62 Legislatura.

Destacó que los legisladores locales están haciendo tan bien las cosas, que se nota a nivel nacional, y prueba de ello es que a finales de junio, en su Informe Legislativo 2017, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) distinguió al Congreso del Estado de Campeche en el primer lugar en el rubro de Cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, seguido de los Congresos de Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo y Nayarit.

Agregó que la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, integrada por un total de 10 títulos, con 185 artículos permanentes y 12 artículos transitorios, contiene novedosas figuras jurídicas, mayores obligaciones para los entes públicos e incluso para partidos políticos, sindicatos, personas físicas y morales que ejerzan recursos del Estado, así como facultades más amplias del organismo garante estatal.

Esta normatividad, puntualizó el diputado Méndez Lanz, representa un avance en el marco jurídico de la Entidad, pues armoniza, actualiza y perfecciona el andamiaje legal referente al derecho de acceso a la información pública, en los términos que establece el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado.

Se prevé además la modernización de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, órgano garante en nuestra Entidad encargado de materializar y garantizar el efectivo derecho de acceso a la información de los particulares y el debido cumplimiento del universo de sujetos obligados, el cual una vez más se reconoce en la ley como un órgano constitucional con autonomía presupuestaria, técnica, de gestión y de decisión, con personalidad jurídica y patrimonio propio.